Tax lease, no es una historia de buenos

17/07/2013

por Xoán Porto, editor de Revista Naval

Esta no es una historia de buenos. Durante el último mes el Comisario de la Competencia Joaquín Almunia fue despertado bruscamente del sueño onírico en su despacho de Bruselas para encontrarse de bruces con la realidad política española. Tardó en comprender la magnitud del problema, y cómo su figura se convirtió en chivo expiatorio del chovinismo de muchos de sus colegas políticos -incluidos correligionarios- del país que aspiró a gobernar como presidente.

El daño al sector naval ya está hecho. Durante los últimos años la parálisis que sobrevino a la investigación abierta por la Comisión Europea acerca del «tax lease» primero, y posteriormente la parsimonia legislativa con que se tomaron los sucesivos gobiernos españoles la aprobación de un nuevo marco fiscal que dotara de estabilidad al sector, hundieron a buena parte de las empresas que ya estaban tocadas por la inflexión cíclica de los pedidos.

Las presiones de última hora, en las que se ha mostrado una inédita unidad entre partidos e instituciones, no pueden ocultar una historia de desidia y abandono hacia un sector sin peso político, que no cuenta ni en la agenda de Madrid ni en muchos despachos autonómicos salvo cuando entra a formar parte de la otra temida agenda: la mediática.

No es de recibo presentarse a un mes vista, apurando los últimos minutos como los malos estudiantes, cuando no se ha estado a la altura durante los últimos años, mirando hacia otro lado mientras el sector se consumía. Y lo que es peor, buscando un chivo expiatorio, un clavo ardiente al que agarrarse ante la falta de resultados de la gestión política.

Y ahora, pendientes de un hilo ante la inminente resolución de la Comisión Europea, que de ejecutarse en el sentido anunciado, sólo dejaría el recurso a la vía judicial ante la Corte Europea.

Es precisamente en ese ámbito judicial donde entienden mejor que nadie que las dilaciones indebidas en un proceso son motivo suficiente para no ejecutar una sentencia condenatoria, e incluso para declarar su nulidad. El sector naval español ya ha sido castigado. Una resolución como la que se aventura para dentro de apenas unas horas puede infligir un castigo superior al daño presuntamente causado.

No sería justo para un sector tan primado -es cierto, y en todo el mundo- como castigado por la opaca política de Competencia de la Unión Europea, aquejada de una visión dirigida, miope y parcial, que opera a golpe de denuncia interesada, perdiendo el foco sobre la visión del conjunto y sobre la equidad.

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